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DERECHO POLICIAL

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ALGUNOS COMENTARIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD.

AL RESPECTO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

(Artículo publicado en la Revista Jurídica Normas Legales)

 

Por. Dr. JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ ANTÚNEZ

 

La presente sólo constituye un extracto del artículo publicado por autor en la Revista Normas Legales, en donde trata ampliamente algunos aspectos inconstitucionales del Nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario de la PNP.

Partiendo de lo enunciado expondremos nuestro análisis.

 

El artículo 1º de la Ley Nº 28338 – Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú – consigna en el numeral 36. la Suspensión, la que define como la sanción que se impone al personal de la P.N.P. por la comisión de infracciones graves; implica la inhabilitación en el cargo y empleo sin goce de remuneración por un máximo de quince (15) días. La aplicación de esta sanción no interrumpe el cómputo del Reconocimiento de Tiempo de Servicios.”

 

Este apartado - que define la única sanción que deberá imponerse a un efectivo policial por la comisión de un acto calificado como Grave, descrito en el artículo 37.2 de la ley, y de conformidad con el II Cuadro Anexo -  contraviene expresamente el artículo 174º de la Constitución del Estado que señala “Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La  Ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar y  policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial. En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.”

 

El artículo quebrado no sólo establece la equivalencia de los Grados en ambas instituciones – y tanto para el personal Oficial como para el personal Subalterno -  pese a contar con marcadas diferencias  de función, sino además consigna que  los derechos que le son inherentes, a todo el personal policial y militar, sólo pueden ser retirados – no gozados - por mandato judicial. De esta manera se pretendía impedir desproporciones en la aplicación de sanciones evitando otorgar mayor discrecionalidad a la administración. Queda claro entonces que lo contrario al mandato constitucional es Nulo, y que su variación merecería forzosamente una Reforma Constitucional.

 

Al respecto, Bernales  deduce que “los derechos sólo pueden ser retirados por sentencia judicial. De lo contrario, sería relativamente fácil que un jefe cometa arbitrariedades con sus subordinados, privándolos por órdenes propias de estos derechos. Eso, que siempre sería inmoral, es ahora además inconstitucional por el mandato de este artículo”.

 

En ese sentido, los derechos constitucionalmente reconocidos componen un valor dentro del orden jurídico que supone la prohibición implícita de su derogación mediante maniobras de fraude. Por tanto, constituyen  la esencia del Orden Público, conforme lo declaró la Sentencia del 13 de febrero de 1985 expedida por el Tribunal Constitucional Español. Así, el derecho administrativo se encuentra condicionado en cuanto a su enmarque constitucional por los derechos hasta el punto de que la actividad administrativa en su conjunto debe forjarse como el mayor anhelo hacia la perpetración de los derechos fundamentales. Es decir “la tarea de protección y promoción de los derechos debe ser asumida por el Estado hasta el punto de constituir una de sus principales funciones”.[1]

 

La Ley Nº 28338 otorga a la autoridad administrativa una facultad que, según mandato constitucional, solo le compete al Poder Judicial por lo que, en caso surja la privación de la remuneración a un efectivo policial, éste podrá, en primer término, demandar la inmediata la nulidad del acto administrativo sancionador y, en segundo plano, iniciar las denuncias penales por la comisión del delito de Abuso de Autoridad contra el superior que lo sancione con la privación del derecho.

 

Queda claro que son nulos los actos administrativos que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos. Si bien la Administración Pública sirve a los intereses colectivos de la sociedad, el Poder Jurisdiccional controla la legalidad de su actuación y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. No hay duda para nosotros que la privación de la remuneración a un efectivo policial no ordenada por la instancia judicial constituye una lesión, y es este menoscabo justamente la causa de nulidad puesto que afecta el contenido esencial del derecho.

 

La privación mínima de la remuneración, como sanción administrativa, constituye una lesión de derechos y de las facultades adicionales al mismo; que  nace del propio acto administrativo (lesión originaria) y no es causada por la aplicación de la norma legal o reglamentaria (lesión derivada). Es decir, que la restricción del derecho a percibir una remuneración, en caso de los efectivos policiales, constituye una lesión originaria  puesto que se encuentra contenida en la propia ley, consumándose la vulneración en su aplicación por lo que significan actos de perturbación actuales y previsibles. Esta distinción – entre lesiones originarias y derivadas –  la recogemos del ordenamiento jurídico austriaco que establece la legitimación de la interposición del proceso constitucional de Amparo al sujeto que alegue haber sido perjudicado por la aplicación de un reglamento ilegal, de una ley anticonstitucional o de un tratado internacional; así como por resolución administrativa cuando exista un derecho constitucionalmente garantizado. Por ello, “se sanciona con nulidad la afección por los actos administrativos de cualquiera facultades características de los derechos y las libertades públicas correspondientes, conforme a su regulación legal y, en defecto de ésta, su reconocimiento constitucional directo”.[2]

 

Cabe señalar que la Administración – en este caso los sancionadores -  actuarán con pleno sometimiento a la ley que se ha dictado, pese a que esta guarde consigo el germen de la inconstitucionalidad y pese a que los derechos y libertades transgredidos  constituyen el límite de la actuación administrativa.

 

Será entonces el poder jurisdiccional quien confirme la Nulidad del Acto Administrativo – la que consideramos una acción declarativa puesto que la lesión del derecho constitucional se encuentra demostrada – instituyendo el Test de Racionalidad uno de los sistemas mas adecuados para la identificación de las lesiones de derechos por una norma. Al respecto, este mecanismo define que el quebrantamiento del derecho fundamental – en este caso por la adopción de un actuar administrativo sustentando en una norma – deviene de los siguientes incidentes:

 

a)     Si la realidad de los hechos ha sido respetada o falseada.

b)     Si se ha tomado o no, en consideración por la Administración, algún factor jurídicamente relevante o se ha introducido por ella – en el procedimiento de elaboración de la decisión – algún otro factor que no lo sea;

c)      Si se ha tenido en cuenta o se ha observado el mayor peso o mayor valor, que, eventualmente, otorgue el ordenamiento jurídico a alguno de esos factores; y

d)     Si, de tener todos los factores de obligada consideración el mismo valor jurídico, se ha razonado o no la concreta opción a favor de uno de ellos o el razonamiento aportado adolece de errores lógicos o, en fin, resulta inconsistente con la realidad de los hechos.



[1] RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ; “Los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho y el Derecho Administrativo Constitucional”, AA, Núm. 35; Semana 26 Setiembre – Octubre, 1988, pp. 2045-2058.

[2] PAREJO ALFONSO; “Manual de Derecho Administrativo”, Tercera Edición, Barcelona, Ed. Ariel, 1994, pp. 495.